El Seminario de Ética Económica y Empresarial de la Fundación Étnor que este curso se pregunta “¿Es posible entenderse en una sociedad pluralista?, reunió ayer en torno a una mesa a especialistas del ámbito de la arquitectura, el urbanismo y la promoción inmobiliaria para debatir sobre “El problema del acceso a la vivienda”.
Blanca Marín, economista-urbanista en Leckman Urbanistas, Daniel Millor, arquitecto comunitario y coordinador de Quatorze, y Teresa Puchades, presidenta de Avanza Urbana, como conductora del debate, trataron, entre otros asuntos, los obstáculos que dificultan el acceso a una vivienda digna, los factores económicos y sociales que inciden este acceso, las políticas públicas implementadas por los gobiernos y los modelos alternativos de cooperativas de viviendas o cohousing.
En la apertura del acto, organizado con la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), el presidente de Étnor, Pedro Coca, ha calificado el tema de debate de “problema social, económico, de justicia y también moral” y, en el actual contexto de polarización, ha cuestionado la capacidad de diálogo y entendimiento de los responsables de implementar las soluciones a un problema que para el 22% de los españoles es su mayor preocupación según el CIS.
El sector tras la crisis
“Hay una parálisis y una confrontación que no ayuda a un tema complejo y de largo plazo como es este”, confirma Teresa Puchades. Un problema que tiene su origen en la crisis de la construcción iniciada en 2008, desde entonces hay una oferta insuficiente de vivienda asequible, a lo que se suma la dificultad de acceso al crédito.
El sector de la construcción que surge tras diez años de crisis, explica Puchades, ha cambiado su forma de financiarse, de asegurarse y también su oferta, “es un sector que nace renovado, con otros principios y otros enfoques”. Puchades se ha referido a otros factores que inciden en el problema de la vivienda como su elevado coste, la escasez de suelo o los nuevos residentes extranjeros. En definitiva, “un desequilibro entre oferta y demanda que dispara el precio”.
Blanca Marín ha recurrido a datos para enraizar el actual problema: en los años de la burbuja inmobiliaria se construían 650.000 viviendas; hoy 90.000 y España necesita una producción de vivienda nueva de 350.000 viviendas al año. “Tenemos un déficit acumulado de producción de viviendas de más 300.000 en el año 22-23 y va aumentado”. Marín apunta a dos fenómenos más que inciden en el problema: la inmigración y la demanda de vivienda turística, a los que se suman dos singularidades de España: la escasez de vivienda en régimen de alquiler y de vivienda social. Por tanto, explica, ante el desequilibrio de la oferta y la demanda, “el mercado responde con un incremento de precio desmesurado que convierte la vivienda en un bien escaso y casi de lujo”.
Derecho a la vivienda y políticas públicas
El arquitecto comunitario Daniel Millor ejerce en el tercer sector desde los barrios y apunta a la salud pública, “la vivienda se considera un requisito para la salud”. Partiendo de ahí, Millor apunta a la idea de la “multidimensionalidad” para solucionar el problema de la vivienda. “Si no abordamos también la cuestión sociodemográfica y socioeconómica difícilmente vamos a poder dar respuestas”, afirma. “Estamos ante un problema sistémico y tenemos que afrontarlo con todos los agentes del sistema”. En este sentido, Blanca Marín, recuerda que es un ente público quien decide qué y dónde se construye, “es una decisión colectiva, social, que pretende dar respuesta a las necesidades sociales y económicas”.
Blanca Marín se ha referido a las medidas que las diferentes administraciones implementan con el doble enfoque de facilitar la vivienda asequible y producir viviendas sociales. Medidas, sobre todo, con un impacto en el corto plazo, pero ante la “complicación” de construir viviendas sociales, Marín considera importante incorporar al tercer sector y alude a las medidas europeas que relajan la restricción crediticia y anuncian un nuevo fondo publico privado para la producción de vivienda social, “las políticas públicas de vivienda las tenemos sobre la mesa”.